La deuda criminal de la
empresa privada
Erick BarreraTomasino
En el ultimo encuentro nacional de la empresa privada (ENADE 2015)
convocado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y
cuyo tema fue el de la seguridad ciudadana, se invitó como principal
ponenete al ex alcalde de Nueva York Rudolph Guilliani, quien según
la parafernalia mediática presentaría su "Estrategia integral
de seguridad ciudadana" en cuyo contenido se plasman una serie
de recomendaciones para las instituciones del estado de cómo reducir
los índices de criminalidad en el país.
De las recomendaciones sugeridas
por el plan de la ENADE-Giullianii,
se
destacan la prevención, persecución del delito, rehabilitación y
reiserción y empleo; ejes que
ya estaban contemplados
en el plan gubernamental "El
Salvador Seguro",
por lo que lo único que se podría resaltar
de la propuesta del sector privado,
es que por ser copia casi
literal del plan
gubernamental, la
estrategia de
seguridad sea un
tema de común correspondencia
y dejen
de insistir que no se está haciendo nada frente al tema
de la criminalidad;
por todo lo demás,
el plan ENADE-Giulliani no presenta nada nuevo.
Si bien las buenas intenciones que
supondría, la estrategia de seguridad está muy orientada al
combate de la
delincuencia común, la que se vive en la cotidanidad de las calles y
comunidades donde
transita y vive la
población trabajadora que es la que la sufre, que no obstante ser un
hecho concreto, no contempla los factores estructurales de
desigualdad ni de
exclusión ni mucho menos considera los actuales ejes de acumulación
capitalista que necesitan de la violencia para su reproducción:
tráfico de personas, de armas y de drogas, en las cuales participan
amplias redes a nivel internacional y que son parte de la industria
del crimen; además del tradicional modo de funcionamiento
capitalista que permite la existencia de ricos y pobres.
En enero, el gobierno
salvadoreño había presentado su plan "El Salvador Seguro"ii,
elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia conformado por
instituciones del Estado, iglesias, medios de comunicación, empresa
privada, partidos políticos, varios representantes de la sociedad
civil y de la comunidad internacional. Los
cinco ejes de éste plan contemplan: 1) Prevención de la violencia;
2) Control y persecución penal; 3) Rehabilitación y reinserción;
4) Atención y protección a víctimas y 5) Fortalecimiento
institucional. Una confrontación entre ambos planes confirma que lo
que vino a presentar el señor Giulliani no aporta nada más que
propaganda. Si bien, ninguno de los dos planes por sí solos
combatirían con el clima de inseguridad que se vive en el país, es
importante destacar que de parte del ejecutivo hay una ruta definida
para abordar la situación.
Por otro lado, el
monto estimado para ejecutar el plan de gobierno se calcula en un
total de US$ 2,100,000,000.00 para 5 años, cantidad que corresponde
a un promedio anual a 420 millones, al 1.7% del PIB y 8.7% del
presupuesto nacional. Financiamiento que se supone se obtendría en
base a préstamos, donaciones y de la poca recaudación fiscal del
Estado, teniendo cuidado de no abandonar las otras áreas de
inversión económica y productiva y de política social.
Pese a la voluntad que dice
tener la ANEP, su compromiso no va más allá
de exigir mayor perescución al delito que
cometen los pobres y más y mayores estimulos
para su sector bajo el discurso de generar un clima de certidumbre
fiscal y de inversión, retórica extendida que oculta todos los
beneficios con los que cuentan actualmente y que aún con ello se dan
el lujo de no cumplir. Combatir la inseguridad para ellos significa
extender sus beneficios y aplicar el rigor de la ley a quien nada
tiene.
Por ello es importante destacar que para
avanzar en la atención a la población el gobierno necesita de una
mayor recaudación fiscal que en la actualidad es deficiente y que
aplicando las leyes fiscales ya existentes podría obtener
importantes cantidades para paliar la crisis; es por ello relevante
que el ministerio de Hacienda presentara
el listado de empresarios que adeudan al fisco cuyas
cantidades representarían un delito mayor que el que la empresa
privada dice querer combatir y que como muchos de ellos a través de
sus empresas están implicados nada dicen del delito de la evasión y
elusión y de la deuda que mantienen con el Estado.
El informe de Hacienda, con
base en los artículos 277 y 277-A del código tributario presentó
que hasta el 14 de abril, son 12,038 personas
naturales y jurídicas que tienen deuda, el 92.35% corresponden a
personas jurídicas y
un 7.65% a personas naturales; y del total el 63% son consideradas
grandes empresas, el monto total acumulado en adeudos asciende US$372
millones 639,335.03. En
este listado destacan grandes empresas
(privadas) de
servicio de energía eléctrica, telefonía, bancos, aseguradoras,
empresas de comunicación y de transporte aéreo entre
otrasiii.
Para ellas, el ocultamiento de la información y el hacer caso omiso
del informe parece ser la estrategia.
Es por ello que dentro de las iniciativas de combate a la
criminalidad habría que agregar la lucha contra el crimen fiscal, la
que cometen los grandes empresarios evadiendo impuestos y que desde
las organizaciones populares deberíamos seguir denunciando exigiendo
se aplique con todo rigor la ley este delito como una forma de
avanzar a una sociedad más justa y equitativa.
PD. Mientras escribo estas líneas no dejo de sentirme indignado por
el asesinato cometido contra Israel Quintanilla presidente de la
Asociación de Lisiados/as de Guerra de El Salvador y su hijo, por
ellos y las demás víctimas de la violencia estructural hay que
continuar la lucha.
iCf.:
ENADE. Estrategia integral de seguridad ciudadana. Encuentro
Nacional de la Empresa Privada 2015.
http://www.anep.org.sv/
ii Para
ver el resumen ejecutivo consultar:
http://www.presidencia.gob.sv/
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